El enriquecimiento injustificado es un delito, dice abogado

El abogado Luis Vásquez explicó que mediante la Ley 59 de 1999 se establece la declaración jurada de bienes al inicio y al final de la gestión de todo funcionario, para poder establecer si su patrimonio se produjo de conformidad a sus ingresos o por el contrario no lo puede justificar.

Vásquez indicó que el enriquecimiento injustificado está dentro de los delitos contra la administración pública y que en esos casos la víctima es el Estado y que según lo establece la ley al detectarse este tipo de delitos ya sea de forma directa por parte del funcionario o por medio de terceros (sociedades anónimas) se deben realizar las respectivas investigaciones para dar con el tenedor de las acciones, es decir el destinatario final de las mismas.

 Señaló que la Contraloría General de la República debe cumplir con la elaboración de un informe de auditoría, lo que conformaría el cuerpo del delito y que sin esa auditoria no puede haber imputación.