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Pascual: Fallo "inmoral" en caso envenenamiento muestra "corrupción" judicial

El fallo "inmoral" en el caso del envenenamiento masivo por un jarabe repartido por el Seguro Social hace más de 10 años, que acusó dos centenares de muertes y miles de afectados, revela que el sistema judicial de Panamá está "sumergido en la corrupción", afirmó hoy a Efe un portavoz de los afectados.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá informó el pasado viernes que sentenció a un empresario a cinco años de prisión, a cuatro exfuncionarios a un año de cárcel cada uno, y absolvió a otras seis personas, incluido antiguo personal de la Caja del Seguro Social (CSS), por el envenenamiento.

Esa sentencia es un acto " inhumano, cruel, despiadado, inmoral por parte de los magistrados, que actuaron pasado ya diez años y cuatro meses y salen con ese ridículo fallo ", dijo este lunes a Efe Gabriel Pascual, vocero del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida.

" ¿Dónde está el derecho a la vida de las personas que tomaron este jarabe, hoy muchos fallecidos, otros sobrevivientes. No se sopesó eso? " a la hora de emitir la sentencia, expresó el dirigente.

El caso del envenenamiento se remonta al 2003, cuando las autoridades sanitarias panameñas distribuyeron por todo el país más de 200.000 frascos del conocido como "jarabe de la muerte", pero no fue hasta 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

Aunque las cifras oficiales hablan de cerca de 200 muertes, organizaciones sociales aseguran que son más, mientras que los afectados, con secuelas de por vida, se cuentan por miles.

El Comité que integra Pascual convocó para el martes una protesta ante la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que el dirigente social acusó de estar "sumergida en la corrupción".

La manifestación es para " demostrarle y decirle (a los magistrados) que pese a sus fallos, la corrupción no va a estar por encima de la dignidad y la decencia de nuestros afectados y, sobre todo, de un país ".

Pascual confirmó que el Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida apelará, probablemente esta misma semana, el fallo judicial, del que este lunes sus abogados se están notificando.

A su juicio todo el proceso judicial ha sido irregular porque " todo los involucrados tienen responsabilidad ".

"Cómo es posible" que el empresario Ángel De La Cruz, de Medicom, quien compró cerca de 9.000 kilos de una sustancia que fue identificada erróneamente como glicerina pura, pero resultó ser refrigerante industrial, usada en jarabes y pastas para la piel que el Seguro repartió por miles de dosis, haya recibido cinco años de cárcel, se preguntó Pascual.

De La Cruz, quien fue el único detenido en este caso y salió de la cárcel en noviembre de 2012 con medida cautelar de casa por cárcel tras estar preso seis años, fue condenado a cinco y al pago de una multa de 6.000 dólares.

"Pablo Solís, jefe de farmacia y drogas" del Ministerio de Salud, fue uno de los absueltos, pero "ese señor no cumplió su papel en este tema" de confirmar la idoneidad de la sustancia que envenenó a los pacientes, argumentó Pascual.

" Al empresario que patrocinó 100 % a la empresa Medicom, ¿cómo le van a absolver? Son tantas cosas, tantas interrogantes ... pero nosotros vamos a tomar las acciones pertinentes ", agregó el dirigente.

En 2003 la CSS compró la sustancia a la empresa panameña Medicom, que a su vez la adquirió a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo de China.

La Justicia española decretó en 2011 el archivo de la causa contra Rasfer, activada por los afectados y la CSS de Panamá, con el argumento de que la farmacéutica fue una " mera intermediaria comercial ".

En el fallo difundido el pasado viernes, el Segundo Tribunal Superior de Panamá consideró que en el caso del envenenamiento se dio " la confluencia de una serie de comportamientos tanto culposos como dolosos independientes los unos de los otros, pero concurrentes ".

Resaltó que el análisis de los hechos pone en evidencia " una serie de deficiencias críticas en algunos de los procesos institucionales seguidos para la prestación del servicio de salud pública consistente en la dotación de medicamentos a gran escala ".