Indígenas rechazan acuerdo para reactivar hidroeléctrica Barro Blanco

Autoridades indígenas de Panamá rechazaron este sábado un acuerdo firmado con el gobierno para reactivar una polémica central hidroeléctrica financiada por bancos europeos, informó la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo.

El Congreso General de la Comarca indígena Ngäbe-Buglé "no aprobó el Acuerdo para resolver las diferencias sobre las incompatibilidades del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco por un margen de 11 votos", dijo De Saint Malo en un comunicado.

Según la vicepresidenta panameña, de los 300 delegados habilitados para votar en el Congreso, realizado este fin de semana en la comarca indígena Ngäbe-Buglé (oeste), sólo 141 ejercieron su derecho al voto, de los cuales 76 votaron en contra y 65 a favor del acuerdo.

El pasado 22 de agosto, y tras más de un año de mediaciones de la ONU, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, firmó un acuerdo con autoridades indígenas para permitir la continuación de la central hidroeléctrica Barro Blanco, situada a 350 km al suroeste de la capital.

Sin embargo, el acuerdo establecía que para entrar en vigencia debía ser aprobado por el Congreso General, máximo órgano de decisión de esa etnia indígena.

Tras el rechazo, De Saint Malo manifestó que el gobierno panameño "mantiene su disposición al diálogo" y exhortó "a debatir a profundidad los términos del acuerdo", los cuales son "positivos para la comarca en particular y para el país en general", dijo.

De Saint Malo, quien lideró las negociaciones, afirmó también que el gobierno panameño "cumplirá su responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica".

El proyecto de Barro Blanco, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue suspendido en 2015 por el gobierno de Panamá por incumplimientos ambientales.

Sin embargo, permitió que la empresa panameña Generadora del Istmo (Genisa), concesionaria de la planta, terminara las obras.

El acuerdo establece que Genisa será sustituida por otra compañía y que el 15% de las ganancias de la hidroeléctrica se destinarán a los territorios indígenas.

También dicta que al menos el 50% del personal de la planta sea indígena y la obligación del gobierno de realizar un referendo para aprobar futuros proyectos.

Los opositores a la hidrolécrica temen la pérdida de tierras indígenas cercanas al proyecto y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la central.

Varela calificó en su momento el acuerdo como "histórico", mientras que el ex Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Panamá, Martín Santiago, lo tildó de "refrente" para la comunidad internacional.

Genisa calculó las pérdidas en más de 130 millones de dólares.