Hidroelécrica rechazada por indígenas en riesgo de suspensión definitiva

Un proyecto hidroeléctrico paralizado por el gobierno debido a incumplimiento de normas ambientales podría suspenderse definitivamente por causas derivadas de la detención de las obras, advirtió este lunes la empresa encargada de los trabajos.

"Hay fuertes riesgos en la suspensión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco", con una capacidad proyectada de 28 megavatios, manifestó la empresa panameña Generadora del Istmo S.A. (Genisa), una de las dos compañías que realiza las obras rechazadas por indígenas de la zona.

Según Genisa, la detención de las obras ha provocado "riesgos a las infraestructuras" y a los cimientos del proyecto hidroeléctrico que "han sido comunicados por informes de ingeniería" de diversas entidades.

El proyecto, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se ubica en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

El gobierno ordenó en febrero la suspensión temporal de Barro Blanco, que tiene 95% de las obras construidas, por incumplimientos en los estudios de impacto ambiental.

Djurdjica Kuntich, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), aseguró en una carta que la situación de la hidroeléctrica "es preocupante" por la existencia de "un talud con riesgo de deslizamiento" en la presa que no puede corregirse por la paralización de las obras.

Tras esa suspensión, el gobierno inició junto a las Naciones Unidas un diálogo con los indígenas Ngöbe-Buglé, que rechazan el proyecto porque temen perder sus tierras y por la destrucción del río Tabasará.

Genisa manifestó este lunes que quiere participar del diálogo con los indígenas y el gobierno panameño en "igualdad de condiciones".

El vicepresidente Ejecutivo de Genisa, Aldo López, dijo que la participación de su compañía en el diálogo le permitirá "consensuar posiciones" y "presentar los aportes que le corresponden como parte interesada".

La cancelación definitiva del proyecto podría acarrear demandas millonarias contra el Estado panameño ya que, según Genisa e Hidráulica de San José -la otra compañía que realiza el proyecto-, las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.

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