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EEUU señala corrupción y discriminación en informe sobre DDHH en Panamá

Corrupción en el sistema penitenciario y judicial, así como exceso de detenciones preventivas, el feminicidio, entre otras situaciones como la discriminación señala el informe de Panamá en materia de Derechos Humanos que, elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El documento divulgado durante esta semana, recoge como principales problemas relacionados a los Derechos Humanos, las duras condiciones penitenciarias, “marcadas por el hacinamiento”.

Además pone la lupa sobre la atención de salud inadecuada y la “conducta corrupta” de los custodios civiles y de los miembros de la Policía Nacional. Así como la ineficacia judicial.

En el caso de las detenciones preventivas, el informe que las cataloga como “prolongadas”, señala que el cambio de administración del gobierno tuvo como resultado “varias docenas de investigaciones” y que, individuos a quienes se les ha imputado los mismos cargos se han quejado de “favoritismo” al recibir diferentes medidas restrictivas, entre las que prevalece la detención provisional.

De acuerdo con cifras oficiales, para agosto de 2015, un 65% de los reclusos estaban bajo detención preventiva y los tribunales de las seis provincias que utilizaron el Sistema Penal Acusatorio (SPA) lograron reflejar una disminución en la mora judicial.

A pesar de estas situaciones, el informe también destaca que en Panamá “no hubo informes de desapariciones por motivos políticos” y que el gobierno permitió la vigilancia penitencia por parte de observadores independientes no gubernamentales, incluida una visita en junio de un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Tratos degradantes"

Entre los tratos “inhumanos” o degradantes que destaca el informe está la detención de estudiantes del Instituto Nacional, a quienes según el documento, la Policía allanó sus casas y arrestó a cuatro de 18 años y siete menores de edad. “Se alegó que la policía usó fuerza excesiva y que algunos estudiantes fueron sometidos a abuso verbal durante sus arrestos”.

Destacan que el gobierno tomó medidas para reducir el hacinamiento. Entre éstas mencionan, el traslado de junio a agosto a 619 reclusos no violentos a la “poco utilizada” cárcel La Nueva Joya, y se estima que para octubre solo el 12% de la cárcel estaba ocupada.

El informe incluye otras denuncias sobre la violencia contra mujeres y niños, la trata de personas, la marginación de la población indígena, la discriminación contra pacientes con VIH-Sida, por orientación sexual y el flagelo del trabajo infantil.

En una de sus formas más evidentes, menciona los obstáculos laborales y educativos que afrontan los pacientes de VIH-Sida, y aducen que esta persiste debido a ignorancia de la ley y a la “falta de mecanismos para garantizar su cumplimiento.

Aunado a esto, los ciudadanos LGBT denunciaron maltrato por trabajadores de salud, y que incluso fueron sujeto de “cuarentenas innecesarias”.

FUENTE: Irma Rodríguez Reyes