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Coacción y amenazas en procesos denuncia Martinelli

En conferencia de prensa el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, catalogó de un “plan Varela” todas las acciones en contra de los ex funcionarios que laboraron durante su gestión como mandatario y quienes se enfrentan contra la justicia, alegando que el Órgano Judicial está en "contubernio" con el Ejecutivo.

Martinelli acusó directamente a la ex Fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Marie Chevalier, quien investigaba al ex director Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giácomo Tamburrelli, de supuestamente amenazar al imputado, quien es investigado por supuesta corrupción en el PAN por la compra millonaria de mochilas. Denunció que supuestamente Chevalier amenazó a Tamburrelli diciéndole que involcurara a Martinelli sino lo mandaría a la cárcel. Agregó que presentarán denuncias civiles y penales.

El ex mandatario mencionó otros nombres como David Garay (funcionarios del Ministerio Público) y Rogelio Saltarín de supuestamente ser parte de estas amenazas a ex funcionarios de su gestión que hoy día son imputados por la justicia.

Me siento muy consternado que en mi país suceda esto simple simple

fueron parte de las palabaras de Martinelli quien indició que comunicaría de esta situación a todos los países del mundo ya que a su juicio, "es un formato de dictadura".

Alma Cortés, abogada y exministra de Trabajo de la administración Martinelli, sostuvo que a Tamburrelli se le violaron sus derechos y fue blanco de amenazas y coacciones por parte de la exfiscal Chevalier, para que declarara directamente contra Ricardo Martinelli y su secretario personal, Adolfo De Obarrio.

El abogado Sidney Sittón explicó que hay varias consecuencias en torno a esta acción, que van desde acciones penales y civiles contra Chevalier; una investigación inmediata por parte de la Procuraduría para deslindar responsabilidades; y que la indagatoria de Tamburrelli sea nula.

Cabe señalar que Rafael Guardia, ex director del PAN, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez ambos ex directores del Consejo de Seguridad, permanecen en detención preventiva en la Gran Joya por estar involucrados en escándalos de corrupción en el caso de Guardia y delito contra la libertad por escuchas telefónicas en el caso de Pérez y Garuz.

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