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Activistas dicen que esterilización forzada es un "secreto a voces en Panamá"

Defensores de las personas con discapacidad en Panamá afirmaron hoy a Efe que las esterilizaciones forzadas y abortos obligados son un "secreto a voces", una práctica que aún ocurre y de la que no se tiene cifras, por lo que reclaman y exigen al Gobierno respetar sus derechos.

Las posturas de los activistas que dirigen varias organizaciones surgen luego de que un comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidiera a Panamá prevenir y prohibir esas acciones no consentidas a discapacitados, incluido los tutelados.

"Nadie tiene derecho a decidir sobre otra persona, eso es violar el derecho de decidir por tu propia vida", expresó la representante de la Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad, Fanny Wong.

Wong afirmó que en la actualidad las esterilizaciones y abortos no consentidos ocurren, y que esos hechos no se discuten en la sociedad pese a ser un "secreto a voces".

Mientras que el presidente de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, Franklyn Pineda, declaró que parte del problema viene de los padres que no estimulan la capacidad de sus hijos y que anteponen en ocasiones sus limitaciones.

Pineda propuso que para combatir esas acciones se debe dar más apoyo y respeto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, mientras el Estado debe vigilar para que se ejerza con igualdad de condiciones dentro de la sociedad.

"Es tiempo que se deje de ver a la persona con discapacidad como un objeto, ellos son sujetos de derecho, cuya capacidad jurídica debe ser respetada para eliminar prácticas consuetudinarias", exclamó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Caminemos Juntos, David Córdova, declaró que siempre se "debe respetar el derecho de la persona, no hacer algo sin el consentimiento de la persona con discapacidad".

Sobre las estrategias y políticas implementadas en el país, Córdova mencionó que existen leyes y normativas que defienden el derecho de la persona con discapacidad, pero que lamentablemente no hay una alineación entre sociedad civil y Gobierno.

"No hay falta de leyes, pero los mismos actores -personas con discapacidad y su familia- al no manejar la información no saben cómo defender una postura, y si no hay un Gobierno que vigile por esas normativas es como no tener nada", expresó.

La Secretaria Nacional de Discapacidad de Panamá fue consultada por Efe, pero no emitió reacciones sobre el documento del Comité de la ONU que denuncia las anomalías.

En el país centroamericano 11,3 % de la población panameña tienen alguna condición de discapacidad, es decir 300.000 personas.

La entidad internacional solicitó ayer en Ginebra que Panamá garantice "sin excepción" el consentimiento libre e informado de personas con discapacidad y que publique estadísticas claras sobre casos de esterilizaciones y de abortos no autorizados.

También alertó sobre la explotación, violencia y abuso contra las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, afrodescendientes e indígenas en Panamá.

FUENTE: EFE