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ONU: Honduras debe abolir las esterilizaciones forzadas de los discapacitados

Honduras debe acabar con la práctica de esterilizar contra su voluntad a las personas con discapacidad, solicitó hoy el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los pasados 30 y 31 de marzo, el Comité examinó si Honduras cumple con lo establecido por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la que es Estado parte, y hoy publicó las conclusiones de dicho análisis.

De esta evaluación se desprende que las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, son objeto de esterilizaciones forzadas y otras formas de tratamientos anticonceptivos no consentidos.

Por ello los expertos de la ONU " recomiendan que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar la abolición de todas las prácticas de esterilizaciones forzadas y abortos coercitivos de mujeres y niñas con discapacidad ".

Asimismo, el Comité solicita que se garantice "el consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad para cualquier intervención o tratamiento médico".

En el mismo contexto, el Comité recomienda a Honduras que adopte planes y asigne recursos para garantizar que los servicios generales de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, sean accesibles para las personas con discapacidad, especialmente en zonas rurales y comunidades afrohondureñas e indígenas.

Recomienda, además, que el personal de los servicios de salud reciba capacitación sobre el trato de las personas con discapacidad, "particularmente a las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial", especifica el texto.

Otro de los aspectos en los que los expertos hicieron hincapié es en rechazar la institucionalización forzada de los discapacitados y en la adopción de medidas " para abolir la práctica de internamiento u hospitalización no consentida ".

Además, recomienda el establecimiento de un mecanismo independiente que supervise los centros de internamiento de personas con discapacidad para "ofrecer prevención y protección contra actos que puedan considerarse como tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes".

Otro aspecto tratado en las conclusiones es el de los derechos políticos, como el derecho al voto o la participación en la vida pública.

Asimismo, piden al Estado que aumente sus esfuerzos para promover a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual o psicosocial, en los cargos electos y los cargos públicos.

Finalmente, el Comité recomienda al Estado Parte que "adopte un plan para la revisión, derogación, reforma y/o adopción de legislación y políticas, con el objeto de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos humanos en armonía con la Convención y de eliminar toda terminología peyorativa".

Asimismo, recomienda la aprobación definitiva de la actualización de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, tomando en cuenta las observaciones presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

FUENTE: EFE