Casos de corrupción golpean la política de Guatemala

Un nuevo escándalo de corrupción que involucra a un diputado propinó un nuevo golpe a la desgastada clase política de Guatemala, reforzando el clamor por la renuncia del presidente Otto Pérez, en el epicentro de la crisis, según analistas.

La Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en el país revelaron el miércoles un fraude en el alquiler de un edificio al Seguro Social que condujo a la captura de cinco personas, y pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) levantar la inmunidad al diputado opositor Baudilio Hichos, sospechoso de participar en el escándalo.

El caso obligó a Hichos a renunciar a la presidencia de una comisión legislativa que analizaba levantar la inmunidad del presidente Pérez, como parte de un antejuicio abierto por la CSJ por su posible participación en otros dos escándalos de corrupción, que desataron grandes manifestaciones y llamados a la renuncia del mandatario.

La indignación popular provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, el 8 de mayo, quien es investigada por la Fiscalía.

El propio gobernante, para salir de la crisis, ha insistido en "la necesaria refundación" del Estado por medio de reforma a la Constitución para rescatar el sistema.

Sin embargo, para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, la primera decisión que debe tomar el mandatario para enfrentar la crisis es presentar su renuncia y someterse a los tribunales.

"Lo urgente es reformar este sistema perverso de 30 años que solo sirve a las mafias y a los funcionarios corruptos, porque la crisis alcanza a todo el sistema", afirmó a la AFP el activista.

Adelantó que la coyuntura actual es solo el inicio de una crisis que se profundizará en los próximos meses, tras considerar que las autoridades que salgan electas en las elecciones generales de setiembre próximo tampoco resolverán la situación actual porque "mantendrán el statu quo".

El presidente Pérez, por su parte, criticó que la CSJ validara el proceso de antejuicio por corrupción en su contra sin evaluar las pruebas presentadas por su acusador, el diputado opositor Amílcar Pop.

El congresista planteó pruebas que "supone o escuchó, nada que le pueda constar. Eso lo convierte en una situación puramente política o espuria o ilegítima", sostuvo Pérez.

La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, consideró urgente que el Tribunal Supremo Electoral rechace la inscripción de candidatos que arrastran escándalos en su pasado para que la "sociedad pueda sanearse".


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