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Nicaragua da plantón a la CIDH en dos audiencias sobre represión en protestas

Nicaragua no envió hoy a ningún representante gubernamental a dos audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión en las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al considerar "improcedente" la cita.

"Quiero registrar que el Estado de Nicaragua no va a estar presente en la audiencia", dijo la comisionada Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua, al comienzo de la primera de las dos audiencias sobre el país previstas para hoy.

Según explicó Urrejola, el Ministerio de Exteriores de Nicaragua envió este lunes a la CIDH un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y explicó que considera "improcedente e innecesario" la celebración de las audiencias porque el Meseni ya está actuando sobre el terreno.

El Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) es un organismo creado por la CIDH y que tiene como objetivo vigilar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

La comisionada explicó que el Ejecutivo de Ortega no participa desde 2015 en las audiencias públicas que la Comisión celebra en diferentes ocasiones a lo largo del año para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano.

En este 169 periodo de sesiones de la CIDH, en la Universidad de Colorado, en el municipio de Boulder (EE.UU.), se celebraron dos audiencias sobre Nicaragua: una sobre represión y violencia en el contexto de las protestas y otra para evaluar las denuncias de detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia.

Ninguna de las dos sesiones contó con la presencia de representantes estatales.

En un informe presentado en junio, la CIDH señaló al Ejecutivo nicaragüense como responsable de graves violaciones de derechos humanos y alertó de un "patrón" de "uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada" por parte de la Policía Nacional, en colaboración con grupos paramilitares.

Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La crisis ha dejado unos 322 muertos, según datos de la propia CIDH, aunque algunos otros organismos cifran en 512 las víctimas mortales y el Ejecutivo solo reconoce a 199.

FUENTE: EFE

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