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México dará 3,3 millones dólares a víctimas del ejército

El gobierno mexicano indemnizará por 3,3, millones de dólares a las familias de las víctimas de los asesinados presuntamente por el ejército y a los supervivientes del ataque ocurrido el 30 de junio de 2014 en la localidad de Tlatlaya.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó el jueves en un comunicado que inicia así las acciones de reparación después de constatar que en Tlatlaya hubo "diversas violaciones de derechos humanos".

De acuerdo con una investigación del defensor del pueblo mexicano, al menos 12 de las 22 personas asesinadas en esos sucesos fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares después de que los supuestos criminales se hubieran rendido.

El dinero se repartirá entre los afectados "por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos".

Jaime Rochin, titular de la comisión de víctimas, dijo que se ha identificado a 13 familias cuyos familiares fueron ejecutados en Tlatlaya.

La investigación encontró que las víctimas incluían a tres mujeres que sobrevivieron al ataque y fueron torturadas para que apoyaran la versión del ejército que mantenía que lo que ocurrió en Tlatlaya ese día fue un enfrentamiento.

La Comisión identificó a 28 familiares de los muertos esa jornada y a tres de los supervivientes pero por protección a la privacidad y seguridad de las familias no informará los nombres ni las cantidades que asignarán a cada uno.

Las familias de las víctimas no pudieron ser contactadas por AP de forma inmediata.

Las ejecuciones salieron a la luz cuando el 30 de junio pasado un comunicado oficial decía que soldados que patrullaban en Tlatlaya, en el Estado de México habían sido emboscados y que protagonizaron un enfrentamiento en el que 22 presuntos criminales habían muerto y un solo soldado resultó herido.

El balance del evento suscitó dudas y The Associated Press visitó la escena del crimen varios días después y en lugar de encontrar evidencias de que allí hubiera tenido lugar un enfrentamiento, encontró una serie de impactos de bala y manchas de sangre a la altura del pecho de una persona en una pared de una bodega, una prueba de que al menos algunos de los muertos recibieron disparos desde corta distancia.

En septiembre, AP entrevistó a una superviviente cuya hija de 15 años estaba entre los muertos y que fue la primera en decir públicamente que la mayoría de las víctimas habían sido ejecutadas después de haberse rendido. En ese momento, no quiso dar su nombre.

También el año pasado, una investigación de la Comisión de Derechos Humanos mexicana localizó a las víctimas, incluidas tres mujeres que sobrevivieron al ataque. Dos de ellas hablaron con AP en condición de anonimato y dijeron que habían sido torturadas y presionadas para apoyar la versión del ejército de que los 22 sospechosos habían muerto en combate. Dos de las mujeres fueron encarceladas con cargos de portación de armas y liberadas cinco meses después.

Rochin dijo que los supervivientes serían indemnizados cada uno por separado.

Algunas personas criticaron que se compense económicamente a familias de presuntos criminales cuando las de los soldados que mueren en acción no reciben indemnización alguna. Pero aparentemente muchos de los 21 hombres y una joven que fueron ejecutados en la bodega eran los miembros más bajos del grupo criminal y no grandes capos. Algunos murieron en el enfrentamiento pero hay distintas versiones sobre cuántos.

Dos de los supervivientes y varios familiares de las víctimas entrevistados por AP vivían en la pobreza. Uno de ellos, una mujer que fue encarcelado y luego liberada, dijo que no tenía suficiente dinero para pagar las facturas de internet y de teléfono de sus familias en su intento por defender su caso.

Algunas de las víctimas, vivían en casas de una o dos habitaciones de casas con techo de lámina y por la edad de los fallecidos muchos perdieron a quienes les llevaban algo de dinero.

Algunos dejaron hijos huérfanos. Rochin dijo que los pagos a esas familias serían mayores.

La activista Isabel Miranda de Wallance mostró su decepción porque familias de presuntos criminales fueran indemnizadas cuando familias de secuestrados y de otros ejecutados no lo son y lo achacó a que el gobierno actúa solo por presión de los medios.

"Lo que a mí me molesta es que el Comité de atención a víctimas reaccione por presión de los medios de comunicación, por quedar bien ante la sociedad", dijo Miranda en referencia a la cobertura que han recibido estos asesinatos desde que AP cuestionó la versión del ejército sobre los eventos de julio.

"Hay miles de víctimas antes que los de Tlatlaya que han pretendido una compensación y no lo han conseguido", agregó.

"Están violando la ley... porque dicen que hasta que no haya una sentencia definitiva, y en Tlatlaya no hay sentencia definitiva", concluyó Miranda de Wallace.

En muchos casos, el gobierno no autorizará que se indemnice a las víctimas hasta que los criminales son juzgados y condenados, algo que en el Sistema legal mexicano suele tardar años. En el caso de los muertos en Tatlaya, la diferencia radica en que La Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó la reparación, lo que aparentemente ha hecho a estas víctimas adelantar puestos en la lista de espera.