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Lavitola pacta una pena de 11 meses de reclusión por corrupción internacional

Valter Lavitola ha pactado con la fiscalía de Nápoles (sur de Italia) una pena supletoria de 11 meses de reclusión por el delito de corrupción internacional, dentro del proceso que investiga la supuesta extorsión de autoridades de Panamá a la constructora italiana Impregilo.

El fiscal Vincenzo Piscitelli atribuyó este nuevo cargo a Lavitola en la audiencia del pasado 18 de septiembre.

El procurador considera al imputado el intermediario de una supuesta transferencia económica fraudulenta entre Impregilo y funcionarios de Panamá, entre ellos el exmandatario Ricardo Martinelli, durante un viaje de éstos a la isla italiana de Cerdeña en verano de 2011.

Tras la nueva imputación, la defensa del exdirector del diario "Avanti" y la acusación han mantenido una serie de contactos para negociar una pena.

El acuerdo sobre los 11 meses de reclusión se produjo, según medios italianos, el pasado lunes, cuando Lavitola se sometió a las preguntas de Piscitelli en presencia de sus abogados, Marianna Febbraio y Amedeo Barletta.

La jueza que instruye el caso, Giovanna Ceppaluni, dictaminó en la audiencia de este jueves el envío de este pacto entre las partes a otro colegio de magistrados napolitano que deberá decidir si se acepta o no.

La nueva acusación contra Lavitola se enmarca en el proceso que acoge desde hace siete meses el tribunal napolitano y que investiga las presuntas extorsiones procedentes del entorno de Martinelli a Impregilo y otras empresas italianas para que éstas financiaran obras en el país centroamericano.

Es el caso, entre otras, del hospital pediátrico de Veraguas (centro de Panamá), una promesa incumplida del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi y que, según han declarado testigos como Massimo Ponzellini, expresidente de Impregilo, Martinelli les presionó para que financiaran su ejecución, siempre con la mediación de Lavitola.

Durante la comparecencia como testigo de Ponzellini en junio pasado se escuchó en sede judicial la interceptación de una llamada que Berlusconi hizo a los directivos de Impregilo y en la que les avisaba de que, de no financiar las obras, Martinelli haría una especie de declaración que perjudicaría a la empresa en bolsa.

En la conversación, Berlusconi explica a Ponzellini que esta supuesta amenaza llegó a sus oídos por mediación de Lavitola.

La obra nunca fue llevada a cabo, pero, conforme a la tesis de la fiscalía, suponía una inversión de 22 millones de euros que debía abonar Impregilo para que una compañía del empresario dominicano Rogelio Oruña procediera a su construcción.

Para la fiscalía, la operación suponía un modo enmascarado de desviar capitales.

Martinelli, que finalizó su mandato el pasado 1 de julio, ha negado en múltiples ocasiones cualquier vinculación con este caso.

La próxima audiencia del caso ha sido fijada para el 29 de octubre, según los medios.