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Juicio político en Brasil: De opción remota a probable

Cuando la propuesta para abrir un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue introducida en la Cámara de Diputados a finales del año pasado, la posibilidad de que pudiera ser realmente destituida parecía remota.

Los cargos en su contra eran poco claros, no del tipo que generan indignación: Supuestamente había incumplido normas fiscales en su gestión del presupuesto federal para esconder déficits e impulsar a un gobierno en problemas. Las acusaciones estaban acompañadas también cierta dosis de ironía: Sus principales oponentes en la Cámara de Diputados estaban acusados de delitos mucho peores.

A pesar de esto, lo que comenzó como una posibilidad remota ha ganado impulso, y mientras el Senado se prepara para votar el miércoles si juzgarla o no, muchos analistas consideran la salida de Rousseff como algo inevitable.

"Dilma será juzgada por una variedad de razones", dijo Marcos Troyjo, profesor en la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia. "Y la posibilidad de que regrese es cero".

Si la mayoría de los 81 miembros del Senado vota a favor de las medidas para el impeachment, Rousseff será suspendida del cargo mientras se realiza el juicio en los próximos 180 días. En ese tiempo, el vicepresidente, Michel Temer, tomará el mando del país. Una condena, que requeriría del respaldo de dos tercios de la cámara, supondría su destitución definitiva.

Una encuesta de periódicos brasileños entre los senadores halló que unos 50, muchos más de los necesarios, tienen previsto votar a favor del juicio político. Pero no está claro si todos ellos se pronunciarían también a favor de condenar a la mandataria. El recuento realizado por el diario Folha de S.Paulo sugiere que por el momento solo 41 senadores estarían dispuestos a su destitución permanente, 13 menos de la cifra exigida.

La esperada acción del Senado se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio político el mes pasado por 367 votos a favor, con 137 en contra, un fallo contra Rousseff tan contundente que muchos brasileños creen que influirá sobre la cámara alta, donde tradicionalmente ha parecido que tenía más aliados.

Rousseff calificó en repetidas ocasiones el proceso de "golpe de Estado" porque no ha sido acusado de un delito. Alega que sus antecesores en el cargo emplearon prácticas contables similares.

Pese a ser la base legal para el caso en su contra, el impeachment se ha convertido en un referéndum sobre el liderazgo de Rousseff. Brasil está asediado por una ola de escándalos de corrupción vinculados a su formación política, el Partido de los Trabajadores, y enfrenta su peor recesión desde 1930. La presidenta recibió críticas también por su incapacidad para negociar con otros políticos en un país donde las relaciones personales son primordiales.

Rousseff, ex miembro de una guerrilla marxista convertida en parte del aparato estatal, siguió la estela del en su día popular mentor y predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, para ganar las elecciones presidenciales en 2010. Las cosas fueron bien mientras la mayor economía de la región mantuvo su ritmo, y en 2014 fue reelegida con el 51% de los votos.

Pero en el momento en que los precios de las materias primas, que son básicas en la emergente economía brasileña, empezaron a tambalearse, los investigadores empezaron a descubrir una trama de mordidas multimillonarios en Petrobras, la empresa de petróleo estatal. Y lo que es peor para Rousseff, muchos de los implicados ocupan altos cargos en su partido. La investigación, que sigue en marcha, provocó condenas para docenas de personas en las élites del país, desde políticos al expresidente de Obredecht, una importante constructora.

Aunque Rousseff no ha sido acusada de delito alguno, muchos brasileños la consideran responsable porque buena parte de la supuesta corrupción ocurrió durante sus gobiernos y los de Lula. La popularidad de ambos se ha desplomado.

Rousseff fue jefa de gabinete durante el segundo mandato de su mentor, y antes de eso, ministra de Minas y Energía, cargos en los que estaba en posición de conocer la extensa trama de Petrobras, apuntan sus críticos.

"La gente implicada abusó y se aprovechó de la oportunidad de robar dinero de una forma absurda", dijo Tiago Gomes da Silva, de 33 años, en la fila de una oficina de empleo en Río de Janeiro. "Esto tiene que terminar. Y el gobierno actual está directamente ligado con eso".

En los dos últimos años, al tiempo que salían a la luz los detalles sobre la corrupción en el país, la economía brasileña siguió desplomándose. Se espera que el Producto Interno Bruto se contraiga un 3,6% este año tras un 2015 igual de malo. Tanto la inflación como la tasa de paro rondan el 10% y los anuncios de cierres, desde factorías locales a grandes cadenas internacionales como Wal-Mart, son algo habitual.

"El problema en Brasil era la inflación", explica Carlos Antonio Porto Gonçalves, profesor de economía en la Fundación Getulio Vargas, sobre los primeros años de Rousseff en la presidencia. "Y el gobierno, para combatir la inflación, subió las tasas de interés a niveles extremadamente altos para que bajase la demanda, y llegó la recesión".

Y en medio de todo esto ha estado la incapacidad de la presidenta para trabajar con otros. Rousseff es conocida por su franqueza y no tiene el carisma que los analistas ven como necesario para lograr consensos y alcanzar acuerdos.

"Es una mujer con un cuchillo en la bota", dijo Alexandre Barros, analista político en Brasilia, empleando una frase popular en portugués para describir a mujeres fuertes. "Pero no es una política".

FUENTE: AP