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Feministas bolivianas piden invertir más en prevención ante 104 feminicidios

Grupos defensores de los derechos de la mujer en Bolivia demandaron hoy más presupuesto para políticas de prevención contra la violencia machista, después de que la Fiscalía General confirmara que en 2016 se produjeron 104 feminicidios, un dato superior a las cifras reportadas en los años precedentes.

"Cualquier tipo de medida institucional si no está acompañada de un presupuesto suficiente para la implementación es un saludo a la bandera", afirmó, en declaraciones a Efe, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, Mónica Novillo.

Novillo consideró "demagógico" que el país haya puesto en vigor en 2013 una ley que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, y no contar con "una asignación presupuestaria suficiente para la implementación" de la norma.

La directora de la ONG Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, también expresó a Efe su queja porque no existe un "presupuesto decente" para fortalecer a las instituciones que investigan los delitos violencia y que, además, sirva para "desarrollar políticas de prevención".

El feminicidio está penado en la legislación boliviana con la pena máxima, 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero las organizaciones defensoras de las mujeres se quejan de que muy pocos procesos acaban en sentencia y los juicios son largos y costosos.

El presidente del país, Evo Morales, anunció esta semana una reforma para agilizar los procesos por feminicidio fijando un plazo máximo de seis meses y anunció su intención de promover un referéndum para promover la cadena perpetua a violadores de menores.

Al respecto, Montaño se mostró escéptica sobre esas medidas, dijo que no eran "una política seria" y que el Estado debería concentrarse, "más allá de simplemente ofrecer mayores penas", en diseñar "políticas públicas que estén orientadas a la prevención".

"Lo que se quiere es simplemente salir del paso aprovechando el malestar y el dolor que causa a la gente cada suceso de violencia", aseveró Montaño a Efe y apuntó que en el país hay 1.008 jueces para resolver más de 100.000 causas.

Al contrario, la directora ejecutiva de la ONG Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Tania Sánchez, saludó que se planteen nuevas reformas, pero pide que su implementación se haga efectiva y se incida en la prevención.

"Alabamos que haya un avance a nivel normativo", dijo y pidió "la capacitación y el fortalecimiento de capacidades de jueces y fiscales" en temas de género para que se deje de "revictimizar" a las mujeres, que sufren agresiones.

Los 104 feminicidios reportados en 2016, representan una cifra un 12 % superior a los 93 de 2015 y un 35 % más que los 77 de 2014.

Según Sánchez, las mujeres están "reclamando por ejercer sus derechos" y algunos hombres reaccionan con un "golpe más fuerte".

El 2016 fue el año de la campaña "Ni una menos" en Latinoamérica, con movilizaciones en contra de los feminicidios y la violencia machista, que también repercutió en Bolivia.

Sin embargo, las organizaciones feministas consideraran que, al parecer, las movilizaciones de la sociedad civil tampoco "remueven" a las instancias públicas donde hay una "inacción total" frente a los casos de violencia, según apuntó Mónica Novillo.

FUENTE: EFE