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Escándalo de Gunnlaugsson se cierne sobre la campaña electoral islandesa

La crisis política que acabó con la renuncia del primer ministro de Islandia, el centrista Sigmundur David Gunnlaugsson, por su vinculación con la revelación de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca ha planeado sobre la campaña electoral para los comicios legislativos del sábado.

Las revelaciones periodísticas sobre la sociedad que Gunnlaugsson y su esposa habían poseído en las Islas Vírgenes y en la que depositaron casi 4 millones de dólares en bonos de bancos islandeses desataron una oleada de protestas que hizo recordar a las surgidas ocho años antes, durante la crisis económica.

La presión popular y política forzó la pasada primavera la renuncia de Gunnlaugsson, que cuatro años antes había llevado al Partido Progresista -habitual "hermano" pequeño del Partido de la Independencia- a duplicar su apoyo y hacerse con el poder, ya que el presidente islandés le mandó formar gobierno pese a quedar ligeramente por debajo de su socio.

Sigmundur David Gunnlaugsson pasó de ser un héroe popular por su oposición a los acuerdos con Reino Unido y Holanda en el caso del banco Icesave y a la entrada en la UE, a salir por la puerta de atrás, una caída completada hace semanas con la pérdida de la presidencia del partido, aunque se presentará igual a los comicios.

El proyecto estrella de su campaña hace cuatro años, un programa para condonar parte de la deuda hipotecaria de los hogares, tuvo un alcance muy modesto -apenas una cuarta parte de lo prometido- y benefició sobre todo a las rentas más altas.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las consignas de la oposición, sobre todo del Partido Pirata -al que los sondeos apuntan como la gran revelación de los comicios-, ya que no solo Gunnlaugsson aparece en los papeles de Panamá, sino también otros ministros y políticos conservadores y centristas.

Cuestiones como la mejora de la sanidad pública, la situación de los pensionistas y la vivienda han ocupado también un espacio preferente en el debate, mientras que la posible adhesión a la Unión Europea ha tenido un lugar residual.

A pesar de que la mayor parte de la población se opone al ingreso en el bloque comunitario, dos tercios abogan porque se celebre un referendo sobre la continuación o no de las negociaciones iniciadas en 2009 y suspendidas hace tres años de forma abrupta, según un reciente sondeo de la televisión pública RÚV.

El anterior gobierno de coalición de izquierda, dirigido por la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir, había solicitado la entrada en la UE en medio de un clima favorable hacia Bruselas y cuando el país atravesaba la mayor crisis de su historia reciente.

Pero el conflicto con varios países comunitarios por el caso del banco islandés Icesave y por las cuotas pesqueras, además de la propia crisis en el continente, hicieron renacer el tradicional euroescepticismo.

Forzada por sus aliados rojiverdes, la primera ministra paralizó las negociaciones en enero de 2013.

A pesar de haber prometido convocar una consulta sobre las negociaciones con Bruselas, la coalición de conservadores y centristas que ganó en abril de 2013 optó por no hacerlo y retiró formalmente la solicitud de ingreso a la Unión Europea.

Esa inesperada medida provocó en su momento protestas en el Parlamento y en la calle y acabó en una escisión de un sector del Partido de la Independencia, bautizada Reforma, favorable a la UE y a la que los sondeos auguran un buen resultado.

Un hipotético triunfo de la oposición podría suponer la convocatoria del referendo, una iniciativa que reclaman varias formaciones, incluso algunas que no son favorables al ingreso de Islandia.

El país forma parte del Espacio Único Europeo desde 1993 y está incluido en el convenio de libre movilidad de Schengen.