Empleado de limpieza, símbolo de lucha contra deportaciones

El primer hijo varón de Francisco Rodríguez Guardado nació pocos días después de que fuese detenido por agentes del servicio de inmigración con miras de su deportación a El Salvador, su tierra natal. Todavía no conoció a su hijo, pero le dicen que se parece a él.

“Me dicen que tiene mis ojos”, comentó este centroamericano de 43 años con una mezcla de melancolía y orgullo durante una entrevista en un centro de detención del condado de Suffolk.

Rodríguez, un empleado de limpieza del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT, sus siglas en inglés, que ha pasado a ser un símbolo de la lucha contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump, espera la definición de su caso en una cárcel de Boston.

Sus partidarios dicen que su caso y otros similares confirman que la represión republicana de los inmigrantes sin permiso de residencia abarca no solo a los “bad hombres” (hombres malos) a que aludió Trump durante su campaña presidencial sino también a personas sin antecedentes delictivos, que contribuyen a la sociedad.

Las detenciones de inmigrantes sin papeles aumentaron un 37%, de 55.000 durante los primeros seis meses del año pasado a 75.000 en el primer semestre del año en curso, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Casi 20.000 de los arrestados no tenían antecedentes penales, lo que representa un incremento del 145% en relación con el 2016.

Entre los casos emblemáticos figura el de Roberto Beristaín, propietario de un restaurante en Granger, indiana, que fue deportado a México en abril tras presentarse a una oficina del ICE, cumpliendo una vieja rutina. Fue separado de su familia y sus hijos, todos nacidos en Estados Unidos, después de vivir 20 años en el país.

En Oakland, California, Eusebio Sánchez y su esposa María fueron devueltos a México el mes pasado luego de que las autoridades de inmigración les negaron el permiso para permanecer en el país. Se llevaron con ellos a su hijo de 12 años, nacido en Estados Unidos, pero dejaron a tres hijas estadounidenses mayores.

Igual que en esos casos, Rodríguez no tiene antecedentes penales y era conocido en la comunidad, trabajaba como voluntario en su iglesia y en la escuela de sus dos hijas, e incluso tenía un pequeño negocio limpiando alfombras, de acuerdo con sus partidarios, entre los que figuran su sindicato, profesores de MIT y políticos prominentes, como los senadores de Massachusetts Elizabeth Warren y Ed Markey, ambos demócratas.

“No hay ninguna necesidad de que esté detenido”, afirmó Adriana Lafaille, abogada de la Unión de Libertades Civiles, que está colaborando con Rodríguez en su batalla judicial. “Es alguien que cumplió con todo lo que le pidió el gobierno federal”.

Pero Jessica Vaughan, directora del Centro de Estudios de la Inmigración, que postula políticas inmigratorias más restrictivas, sostiene que no se debe permitir permanecer en el país a Rodríguez porque tuvo “múltiples oportunidades de resolver su situación migratoria a lo largo de los años.

“Sé que esto es duro para su familia, pero esta situación es producto de las decisiones que tomó al venir a Estados Unidos ilegalmente”, manifestó Vaughan. “No es justo para con los millones de personas que hacen cola” para ingresar al país legalmente.

Rodríguez vino a Estados Unidos ilegalmente en el 2006 y solicitó asilo político, el cual fue denegado en el 2009. Dos años después fue rechazada una apelación. En junio el ICE no le quiso renovar un permiso temporal para permanecer en el país y dispuso su extradición.

Fue detenido el 13 de julio porque sacó un pasaje de regreso a su país para más adelante, según el portavoz del ICE Shawn Neudauer. El abogado de Rodríguez Matthew Cameron asegura que el ICE nunca dio un plazo para su partida, por lo que su cliente programó su vuelo para después del nacimiento de su hijo.

Cameron quiere que la Junta de Apelaciones del servicio de inmigración reconsidere el pedido de asilo de Rodríguez y demandó al ICE en un tribunal federal, acusando a esa agencia de detener a su cliente ilegalmente. Pidió que se lo libere, al menos hasta que se resuelva su pedido de asilo.

Rodríguez dice que no sabe cuánto tiempo más estará preso.

“Siento que llevo un año” en la cárcel, declaró en una sala de entrevistas del penal. “No estoy resentido, pero a veces te sientes frustrado. No sabes lo que está pasando. No sabes cuándo saldrás libre”.

El salvadoreño afirma que su fe cristiana lo prepara pare aceptar lo que venga. Participa en un grupo de oraciones del penal y lee la Biblia. Su pastor lo ha visitado y le ha recalcado que Dios tiene un plan para todos, por más que a veces no parezca obvio.

“Hacemos lo que Dios dispone”, expresó Rodríguez. “Si quiere que nos vayamos de aquí, es porque hay algo mejor para nosotros en otro sitio”.

Si no se le permite quedarse en el país, Rodríguez dice que podría irse a Canadá o Costa Rica. Cree que El Salvador, donde era técnico en una firma de ingeniería y tenía un negocio de limpieza de automóviles en la capital, no está mejor hoy que cuando se fue tras el asesinato de un compañero de trabajo por parte de un pandillero.

“Créame”, señaló. “Si El Salvador fuese un país seguro y pacífico, jamás hubiera venido aquí”.