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Diputados presentan proyecto de ley que castiga a quienes elogien a Allende

Tres diputados del partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron este martes un proyecto de ley en el Parlamento chileno que puede castigar a quienes "enaltezcan, nieguen o minimicen" los hechos del Gobierno o del fallecido presidente Salvador Allende (1970-1973).

El articulado anunciado por los legisladores Gustavo Hasbún, Ignacio Urrutia y Jorge Ulloa pide una sanción para los imputados por estas acciones que asciende a presidio menor en su grado mínimo y una multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales (unos 316 dólares) que se indexan cada mes.

El proyecto de ley de la UDI, un partido de la derecha ultraconservadora fundado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), generó de inmediato una fuerte polémica en las redes sociales.

En el documento de tres páginas, que difundieron los medios de prensa locales, se coloca como ejemplo el período de Gobierno de Allende, el cual constituyó, advierte, hechos que "violentaron nuestra Constitución Política y generaron en el seno de la sociedad chilena desencuentro, violencia y animosidades profundas".

"Es posible indicar que bajo el régimen de Allende se trasgredieron garantías constitucionales de gran valor como lo fueron el derecho a la propiedad, libertad de asociación y otros derechos constitucionales que dejaron tras sí irreparables pérdidas que hasta el día de hoy las víctimas y sus familiares sufren las consecuencias", añade el texto.

Asimismo, indica que durante ese Gobierno hubo "surgimiento de grupos y asociaciones terroristas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que constituyeron factores que desestabilizaron nuestra democracia y quebraron la convivencia pacífica de los chilenos".

El Gobierno del socialista Salvador Allende fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 tras un golpe militar que dio inicio a la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.

Según informes oficiales, durante la dictadura unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

FUENTE: EFE