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Colombia y Venezuela abordaron crisis fronteriza por deportaciones masivas

Colombia y Venezuela abordaron este miércoles la crisis bilateral que deja ya unos 7.000 colombianos afectados, mientras en la fronteriza ciudad de Cúcuta (noreste) los albergues rebosaban y los expulsados protegían celosamente los enseres que habían podido rescatar de sus casas.

Junto a su perrita preñada y acomodada bajo un plástico cerca del río Táchira -frontera natural entre ambos países-, Olinda Prado era una de las que cuidaba las pertenencias que pudo acarrear consigo tras atravesar las aguas que la separaban de Venezuela, donde vivía desde hacía 10 años.

"Verdaderamente no tenemos dónde llevar el trasteo (...) Llovió y se nos mojaron todos los colchones anoche", dijo Prado a la AFP sobre sus humildes bienes, mientras esperaba que camiones del Ejército o la Policía colombiana la ayudaran a trasladar sus enseres.

Como Prado, un millar de colombianos fueron deportados de Venezuela y varios miles huyeron voluntariamente a su patria por miedo a ser echados por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que éste decretara el viernes un estado de excepción por 60 días en zonas colindantes con Colombia.

La medida incluye el cierre de pasos fronterizos y fue tomada tras un ataque hace una semana en el que tres militares y un civil venezolanos fueron heridos en la ciudad de San Antonio de Táchira, frente a la colombiana Cúcuta, durante una operación anticontrabando.

El hecho, que Maduro achacó a "paramilitares colombianos", motivó la deportación masiva de colombianos que supuestamente vivían irregularmente en Venezuela y que, según el último balance oficial, ascendían a 1.097 personas.

Además, según cálculos de autoridades colombianas, forzó la huida de entre 5.000 y 6.000 más, asustados por los maltratos y robos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela y temerosos de que una deportación les hiciera perder lo poco que tenían.

La dramática situación fue analizada este miércoles en Cartagena por las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes acordaron mantener la cooperación binacional, aunque no revelaron soluciones que pongan fin al cierre fronterizo.

"Tenemos problemas de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el contrabando, el problema del precio de combustible y el diferencial cambiario", dijo Holguín, que anunció próximas reuniones conjuntas para establecer un plan contra las mafias en la región.

Holguín indicó a su vez que Venezuela hará una propuesta para combatir el contrabando de combustible -fuertemente subsidiado en ese país- y que se buscarán estrategias para evitar el paso ilegal de otros productos.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que este miércoles negó en un foro en Bogotá que los problemas de Venezuela sean ocasionados por Colombia, como ha dicho Maduro, visitó esta tarde Cúcuta, donde los deportados recibían apoyo y ayuda humanitaria en varios albergues.

"Bienvenidos a su patria", saludó el presidente en uno de los atestados refugios.

Allí, Luisa Olaya, de 26 años, dijo a la AFP, luego de contar su historia a Santos, que militares venezolanos la habían sacado a la fuerza el domingo de madrugada del barrio de invasión donde vivía cerca de la frontera.

"Tumbaron las casas, fue un susto ver esa gente armada y encapuchada", dijo Olaya, quien le transmitió al presidente su deseo de no volver a su natal Medellín (noroeste), en la que no tiene adonde llegar, tras más de un año viviendo en Venezuela junto a su esposo y suegros, todos colombianos.

Olaya, que llevaba un bebé en brazos, era una de las decenas de madres de este albergue cuyas caras de preocupación contrastaban con las de alegría de sus pequeños, que correteaban jugando.

"Como perros los sacaron en buses, apenas con lo puesto", dijo a la AFP Joaquín Santos, un funcionario de la Alcaldía de Cúcuta que ayudaba en el albergue. "Ha habido otras crisis humanitarias, pero esta es la peor", aseguró.

En una declaración, Santos reiteró que su gobierno hará "todo lo que esté a su alcance" para paliar la tragedia de miles de sus compatriotas. Entre las medidas anunciadas, destacó ofertas de empleo, capacitación, educación para los niños y ayuda para vivienda.

Pero no solo los expulsados de Venezuela sienten el impacto de la crisis fronteriza: en Cúcuta se veían largas filas de autos y motos esperando para cargar gasolina.

Con el cierre fronterizo disminuyó fuertemente el expendio informal de combustible llevado de contrabando desde Venezuela y se sobrepasó la capacidad de las estaciones de servicio del lado colombiano, usualmente con baja demanda por los menores precios de la gasolina ilegal.

Sobre el tema, Santos aseguró que "no va a haber escasez", y anunció un aumento del cupo de gasolina subsidiada para esa región del país.

En Táchira, al otro lado de la frontera, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, se refirió precisamente a la disminución de la venta de combustible desde que se decretó el estado de excepción y anunció además la captura de una decena de supuestos paramilitares desde ese momento.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que ambos denuncian la presencia de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos muy subsidiados por el gobierno venezolano.