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Brasil: Peleas en horizonte tras luz verde a juicio político

Por segunda vez en menos de un cuarto de siglo, la cámara de diputados brasileña aprobó abrir un proceso de juicio político contra un líder elegido de forma democrática. La decisión fue un golpe devastador para la presidenta Dilma Rousseff, cuyo izquierdista Partido de los Trabajadores alcanzó el poder hace 13 años con la promesa de mejorar la situación de los humildes.

La votación del domingo por la noche, por 367-137 a favor del juicio político, superó con creces los 342 votos necesarios para que remitir el proceso al Senado, donde un voto por mayoría decidirá si Rousseff es juzgada y suspendida de forma temporal, con lo que el vicepresidente Michel Temer asumiría el mando provisional. No hay una fecha fijada para el voto en el Senado, aunque se espera que sea a mediados del mes que viene.

La votación en la cámara baja provocó entusiasmo entre muchos brasileños que consideran a Rousseff responsable por toda una serie de problemas, desde la devastadora recesión a los crónicos altos impuestos y malos servicios públicos. Al mismo tiempo, el resultado de la votación consternó a un amplio sector de la población, que lo tachó de antidemocrático y preocupante.

"Estoy contenta porque creo que Dilma tenía que irse, pero también estoy triste de que llegáramos a esto y muy preocupada de que el próximo presidente pueda ser aún peor", dijo Patricia Santos, de 52 años, propietaria de un pequeño negocio y que estaba entre unos 60.000 manifestantes a favor y en contra del gobierno congregados ante el Congreso. "Tiemblo de pensar lo que nos espera ahora".

Aunque la propia Rousseff no hizo comentarios sobre los resultados, el líder de su partido en la cámara baja, Jose Guimaraes, admitió que la batalla estaba perdida pero insistió en que la guerra acababa de empezar.

"Los golpistas ganaron en la Cámara de Diputados. Podemos darle la vuelta en el Senado", afirmó. "Vamos a seguir peleando porque no nos rendimos y no vamos a dejar que nos venzan por esta derrota momentánea".

El abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, dijo tras la votación que Rousseff no dimitiría y que hablaría sobre la situación el lunes. También apuntó a que podría presentarse una apelación ante el Tribunal Supremo Federal, el más alto tribunal brasileño.

La votación del domingo se produjo unos 24 años después de que la cámara baja abriera los procedimientos de impugnación en 1992 contra Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido democráticamente en Brasil tras más de dos décadas de gobierno militar. Collor afrontaba acusaciones de corrupción y terminó renunciando antes de que el proceso de juicio político concluyera en el Senado.

Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al utilizar trucos contables para mantener el gasto del gobierno. Señalando que no se la acusa de ningún delito, insiste en que la impugnación es un "golpe" y ha prometido que no renunciará.

Los enemigos de Rousseff mantienen que las maniobras presupuestarias eran un intento de recabar apoyo popular mientras Brasil caía en su peor recesión en décadas.

La presidente alega que otros presidentes han utilizado las mismas técnicas contables sin repercusiones, e insiste en que las acusaciones son poco más que una débil excusa de la elite gobernante tradicional de Brasil para arrebatar el poder al Partido de los Trabajadores, que gobierna desde 2003.

Luciano Dias, un consultor político con sede en Brasilia, señaló que en definitiva, Rousseff "cometió los mismos errores que el presidente Fernando Collor".

"Tomó demasiados recursos del sector privado, fue arrogante con el Congreso durante mucho tiempo y sus políticas económicas eran sencillamente erróneas", dijo.

Rousseff, una antigua guerrillera que fue torturada durante la dictadura militar, fue seleccionada a dedo por el carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para sucederle, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en Brasil.

Pero tras siete años de rápido crecimiento bajo el gobierno de Silva, la economía empezó a flaquear después de que Rousseff tomara el mando en 2011, y en 2014 logró la reelección por poco tras protestas generalizadas el año anterior. Su índice de popularidad ha bajado al mismo ritmo que la economía, y los sondeos de opinión indican que la mayoría de los brasileños está a favor de su marcha, aunque muchos parecen tener reservas sobre los que están en la línea de sucesión.

Temer, el vicepresidente, se ha visto implicado en el enorme entramado de corrupción centrado en la petrolera estatal Petrobras. Además, también podría afrontar su propio juicio político porque firmó algunas de las maniobras fiscales por las que se persigue a Rousseff.

El segundo en la línea de sucesión, el presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha, ha sido acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos en la red corrupta de Petrobras.

Cunha fue la fuerza impulsora del juicio político, una ironía que no se ha escapado al bando del gobierno.

"Dios mío, que hipocresía. No es Dilma la que debería marcharse del palacio (presidencial). Usted, Eduardo Cunha, no debería estar en ese asiento", afirmó la legisladora Moema Gramacho, del Partido de los Trabajadores, al proclamar su voto por el "no".

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con los resultados, Cunha dijo: "Todo esto es muy triste, muy serio".

"La presidenta perdió la capacidad de gobernar hace tiempo. Cayó al fondo del pozo", dijo Cunha, añadiendo que "ahora Brasil tiene que salir del pozo".

Durante la votación de seis horas, un ambiente circense reinó en el Parlamento. Los legisladores vestían capas con banderas de Brasil y cintas rojas mientras vitoreaban, abucheaban, cantaban y se hacían fotos sin parar mientras avanzaban entre la muchedumbre para llegar al micrófono y proclamar sus votos.

Los partidarios del juicio político mencionaron a Dios, la familia y a Brasil para justificar su decisión y con frecuencia dijeron que la impugnación ayudaría a poner fin a la corrupción endémica en el país.

"Quiero que mañana sea un nuevo día para este país, un nuevo día de esperanza", dijo Odelmo Leao, del Partido Progresivo. "Que Dios nos bendiga. Mi voto es sí".

Los defensores de Rousseff dijeron que el proceso es un golpe para los pobres, de los que se estima que unos 30 millones salieron de la miseria gracias en parte a los populares programas de redistribución de riqueza del Partido de los Trabajadores.

"Esto es un golpe contra los pobres, un golpe contra los programas sociales", dijo el legislador del Partido de los Trabajadores Patrus Ananias.

Robert Silva, que recogía latas vacías en la marcha a favor del juicio político ante el Congreso, dijo que no pensaba que nada que ocurriera tras los muros del edificio pudiera ayudar mucho a la gente como él.

"Con Dilma, mi vida es así", dijo señalando a su carro de supermercado lleno de latas aplastadas de aluminio. "Sólo espero que quien llegue después no sea peor".