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Aumenta presión sobre pandillas en El Salvador tras calificarlas de terroristas

La declaración de las pandillas como grupos terroristas, avalada por la Corte Suprema, abre un frente común que une a la justicia y las fuerzas de seguridad en la lucha contra la violencia que generan esos grupos en El Salvador, dijeron autoridades este martes.

"Contra el terrorismo no hay términos medios y jamás políticas de apaciguamiento; estamos convencidos y decididos en ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado", declaró el fiscal general, Luis Martínez, sobre la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que avaló la declaración de los pandilleros como terroristas.

Martínez, un duro opositor a la negociación de una tregua con las pandillas, sostuvo que "la lucha por El Salvador es una tarea que nos debe convocar y unir a todos los buenos salvadoreños, es una lucha que debe traspasar cualquier línea política o ideológica".

En tanto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Ulises Guzmán coincidió con Martínez al afirmar que "las bases legales para afrontar la situación de inseguridad están dadas" y lo que se debe hacer ahora es "trabajar diligentemente".

"La situación de violencia es preocupante y eso amerita que los distintos actores que tienen que ver con el tema de la seguridad trabajen en conjunto, articulando su trabajo. Es la única manera de hacer bien las cosas", señaló Guzmán a la prensa.

Miembros del Congreso también consideraron que al equiparar a las pandillas con grupos terroristas, "los jueces ya no tienen excusas" para no aplicar leyes severas a los grupos delictivos.

"Se acabó, no más excusas, se está dando la herramienta que permite castigar con dureza todo el terror que provocan las pandillas", consideró el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos del derechista partido Gran Alianza por la Unidad (GANA).

La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo establece penas de cárcel de más de cincuenta años por estos delitos y la sentencia se puede incrementar por agravantes como atentar contra bienes públicos o provocar víctimas menores de edad, mujeres o adultos mayores.

En tanto, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, celebró la decisión de la justicia al considerar que permitirá aplicar todo el peso de la ley a las bandas criminales.

La decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar como grupos terroristas a las pandillas también plantea un reto al sistema de justicia.

"Hay una violencia que es terrorista y que busca aterrorizar, es claro. Desde ese punto de vista es razonable que tengamos una ley que frene esos actos, pero el punto es cómo se aplica. Si las pandillas ahora son grupos terroristas hay que ver cómo se aplica, es el desafío que se marca", comentó a la AFP el exrector de la jesuita Universidad Centroamericana, José Tojeira.

El pasado 14 de agosto, un juzgado de San Salvador ordenó que 112 pandilleros fueran enviados a prisión provisional, acusados por la Fiscalía de actos de terrorismo por haber fraguado un boicot al transporte a finales de julio pasado que llevó al asesinato de siete conductores de transporte colectivo.

Se trata del el primer caso en que un juzgado detiene a pandilleros con cargos basados en la ley antiterrorista, aprobada por el Congreso en septiembre de 2006.

Ese mismo juzgado ordenó el 18 de agosto la detención de 167 pandilleros bajo los mismos cargos de terrorismo por el boicot al transporte. Otros 28 pandilleros, entre ellos varios líderes, ya guardan prisión por delitos como asesinato y extorsión.

Las cifras oficiales de crímenes indican que de enero a julio se registraron en El Salvador 3.332 asesinatos contra los 2.191 en el mismo período de 2014.

Los crímenes son, en gran parte, atribuidos a las pandillas, que cuentan con unos 72.000 miembros, de los cuales 13.000 se encuentran en prisión.

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